POR:CLAUDIA MARTINEZ SANCHEZ
Link del reportaje completo...
http://quoruminformativo.com.mx/index.php/2016/07/11/se-nos-fue-vicencio/
Por ese carácter ácido y picante, cierta ocasión se metió en otro gran lío. Era octubre del 2009, cuando Policías Judiciales anti secuestros, arrestaron a Vicencio y a Braulio, otro periodista Teziuteco; los detuvieron porque confundieron a Braulio con un sujeto que tenía orden de aprensión. Los ministeriales se abalanzaron sobre él propinándole tremenda golpiza, justo a una calle del Cereso de Teziutlán.
Mientras los Policías Judiciales “medio mataban” a Braulio, Vicencio apareció. Sacó inmediatamente fotografías de los hechos. Les dijo a los judiciales que era una equivocación lo que estaban cometiendo. Los conminó a calmarse y a reconocer su error. Los elementos policiales así lo hicieron: le ofrecieron tres mil pesos al periodista agraviado, para que fuera al hospital a curarse las lesiones, pero Vicencio dijo que no, que procederían penalmente.
Sin dudarlo, los dos reporteros levantaron una denuncia contra los judiciales, por el abuso de autoridad cometido. Pero esa acción se revirtió. El procurador, por supuesto, insistió en defender a sus elementos, por ello se lanzó contra los periodistas. A Vicencio y a Braulio terminaron señalándolos por el delito de extorsión.
La cárcel no fue fortuita para Vicencio. Él se había distinguido por las fuertes críticas lanzadas en contra de la entonces Diputada Gudelia Tapia, actual delegada de Gobernación. Por eso cuando la entonces diputada recibió órdenes para gestionar la libertad de los periodistas, no hizo nada. A ella le convenía mantener “guardado” en prisión al periodista que la había estado señalando: Vicencio.
Mientras, el diputado Juan Antonio González no dudaba en tocar puertas, para que los periodistas alcanzaran la libertad. Braulio y Vicencio convivieron juntos en población penitenciaria, donde se abrazaron más al periodismo. Braulio se hizo diabético después de la cárcel, igual que Vicencio, que terminó por perder la vista.
Al estar en la cárcel, los dos periodistas recibieron una dosis de sabiduría: el penal de Teziutlán les enseñó que un abogado, un policía y un periodista, no son bien recibidos en la cárcel. Por eso caminaban con pies de plomo. Después de dos meses, un 22 de diciembre a la una de la tarde, salieron libres.
La libertad no les fue otorgada tan fácilmente. Los dos periodistas fueron obligados a firmar una declaración escrita por el Ministerio Publico (MP), bajo la orden tajante del entonces Procurador, Rodolfo Igor, en el gobierno de Mario Marín, en la que reconocían que no fueron agredidos nunca por la policía judicial.
Ese era Vicencio, el que se nos adelantó.
La muerte tiene un detalle sublime, casi delicado y hermoso; a todos nos hace misericordiosos, magnánimos, es más…nos hace, por un instante, humanos perfectos. La muerte, con esa peculiar elegancia, suave y silenciosa, es tan cabrona como Vicencio: nos vuelve santos. Nos hace a los ojos de los vivos los mejores seres de la tierra. Entonces, todos hablamos maravillas de los muertos, por eso prefiero recordar a Vicencio no como un santo, es más, yo, prefiero recordarlo como un cabrón… porque eso somos todos en la vida, aquel que no lo es, no es periodista.
Tal vez por ser tan cabrón, Vicencio se ganó algunos enemigos, como debe ser en cualquier buen periodista. Vicencio se enemistó con el alcalde Antonio Vásquez Hernández, y por eso el edil tuvo su razón para no apoyarlo cuando se necesitó, y así se lo solicitamos. Negó tajante la ayuda para los periodistas Vicencio y Gumersindo, ciegos, sumidos en la miseria y en el abandono.
No es su obligación, pero tampoco era la respuesta que esperamos los dos que abogábamos por los periodistas.
Entonces el presidente se sonrió, nos extendió la mano y nos dio la espalda. Insistió en su tesis: les va como les va por que se lo merecen. Y puede que Vicencio se haya merecido su vida, pero nosotros nos merecemos su ejemplo.
Cuando informar es un crimen
En Teziutlán se criminaliza a los periodistas por ser incomodos. Allí, ser periodista equivale a ser perseguido y ser víctima de abusos. Y vuelvo a ser redundante: criminalizar a los periodistas en Teziutlán se ha vuelto una práctica en boga. Administraciones municipales de manera consecutiva han sido verdugos de reporteros y comunicadores, sin que la sociedad y sus medios denuncien los excesos de poder y violación a los derechos humanos que se cometen.
Este municipio es uno de los más importantes en materia de comunicación en todo el estado de Puebla. La plantilla reporteril informa a una población de casi 130 mil habitantes. Allí es relevante el número de periodistas y trabajadores de los medios: existe un aproximado de 30 a 40 corresponsales, que diariamente se encuentran en riesgo por su profesión. Son reporteros de 30 medios impresos y cuatro radios digitales, además existe un aproximado de 100 trabajadores operativos, correspondientes a las estaciones de radio y televisión, más los que están en imprenta, diseño y edición.
Si bien es cierto que son unos cuantos los periodistas y comunicadores que han sido víctimas de agravios en Teziutlán, también es verdad que a esa minoría se le ha dejado caer, con toda intención y dolo: hostigamiento, acoso, amenazas, operativos con elementos encapuchados de seguridad municipal, privación ilegal de la libertad y secuestro express, además de secuestros de impresos. Todos estos delitos federales.
La ignorancia tanto de los alcaldes como de los elementos de seguridad y directivos, podría sumergirlos en un pantano legal, a nivel federal. Se sigue desconociendo la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Incluso, algunos reporteros y comunicadores en la región también desconocen esta ley, motivo por el que pocos se atreven a denunciar los excesos y abusos de la autoridad.
Allí, en Teziutlán no hay autoridad que vigile ni sancione los abusos de los funcionarios en turno, ni porque en esa cabecera municipal existe una delegación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDEH). En esta región pareciera que se ha instituido como norma oficial la agresión a los periodistas, pese a que la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) ha exhortado a las administraciones locales a frenar los ataques contra los reporteros.
La práctica comenzó contra Marco Antonio Vásquez –encarcelado desde hace siete años por el delito de violación-, un periodista incómodo que se atrevió a dar seguimiento a un feminicidio en la administración del gobernador Mario Marín, que involucró en su momento a algunos funcionarios estatales.
